Este artículo está escrito al poco tiempo de salir en los medios la noticia de la desaparición de la pieza de Richard Serra.
Parece increíble que en momentos en los que parece que, poco a poco, se va abriendo paso una mayor consideración hacia el mundo de la cultura en general y del arte en particular, ocurra que el "buque insignia" de los museos públicos españoles, no sepa dónde está una escultura de 38 toneladas de peso, de un autor de tanto prestigio como es el norteamericano Richard Serra, máxime tratándose de la única obra de este autor que formaba parte de la colección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Esta información tiene una doble lectura. Una por la lado de la gestión cultural, que en este caso es tirando a desastrosa y, otra, por el lado de la imagen exterior que proyecta este asunto, toda vez que ha recorrido los titulares de la prensa extranjera convirtiéndose en un atuéntico reguero de pólvora en todos los ambientes artísticos y museísticos del orbe.
Desde el punto de vista de la gestión, las informaciones aparecidas en la prensa, ponen de manifiesto, como afirma la ex directora del centro, María Corral, el "mayor caos del mundo". Desde el momento en el que una empresa contratada por el museo se disuelve por suspensión de pagos, con el consiguiente embargo de la nave por parte de la Tesorería de la Seguridad Social, sin que nadie del museo se percatara del hecho, ni, al parecer, desde la Seguridad Social se avisara a las propietarios de piezas en depósito del cambio en la situación legal de esa nave.
A partir de ahí, nadie parece haber ejercido la más mínima función de control sobre esta pieza objeto de la polémica, ya que únicamente se sabe que se depositó en 1990, y que a finales de 2005, cuando la noticia salta a la prensa, está desaparecida. Asimismo, desde 1992 no existen facturas del pago del depósito, ni, lo que es aún más extraño, constan reclamaciones de la empresa solicitando ese pago. Incluso en las informaciones periodísticas se cita una frase textual que dice: "Puede que se haya pagado pero que no aparezcan las facturas", y José Guirao apostilla: "a Macarrón [nombre de la empresa responsable del almacenamiento de la pieza] no se le podía pagar, porque no podía facturar". ¿Cómo es posible que un organismo público trabaje con una empresa con la que no se pueden justificar pagos? Ante eso, la palabra caos parece que se queda pequeña y la sombra de la duda se alarga. Aunque también es cierto, al menos eso es lo que se afirma en una de las informaciones de prensa, que parte, no sabemos en qué porcentaje, de los problemas económicos de la empresa se derivaban de la propia morosidad del Ministerio de Cultura, y la propia María Corral afirma que este ministerio "debía muchísimo dinero a Macarrón".
En otro momento, María Corral dice que el museo no tenía ni siquiera un inventario de las obras del centro expositivo, algo que parece de elemental cumplimiento. Todo lo señalado hasta aquí causa verdadera estupefacción y no habla precisamente bien ni de los profesionales encargados de diseñar la política expositiva del centro, ni de su personal de administración.
"No hay que entrar en conjeturas que contribuyan al deterioro de la imagen del museo". Con esa frase cierra Natividad Pulido una de las informaciones relacionadas con este asunto, y que atribuye al director del Guggenheim Bilbao, Juan Ignacio Vidarte.
No por ser la última de las frases es la menos significativa, ya que pone de manifiesto, siquiera de refilón, las repercusiones internacionales que puede tener para este museo nacional el hecho de que estas informaciones hayan trascendido ya que, tanto los artistas como las instituciones museísticas, a los que se les solicite obra para exponer en Madrid, una de dos, o directamente la negarán aludiendo a la falta de cuidado o seguridad, o impondrán condiciones duras y, por tanto, mas costosas con la consiguiente repercusión en el balance económico del Reina Sofía.
En definitiva, noticias como esta no son la mejor publicidad para nuestros centros de arte, además de poner sobre el tapete la urgente necesidad de dotarlos de una estructura profesional con personal cualificado, y órganos de control que impidan que casos como este puedan volver a repetirse.
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